El pasado 27 de abril se aprobó
en el Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de Servicios Sociales, después
de aproximadamente 10 años intentándolo y unos 14 borradores fallidos. La
actual ley por la que nos seguimos rigiendo cumplió 28 años el pasado 4 de
abril; ya ha llovido desde entonces, tanto que han cambiado algunas
profesiones, por ejemplo, las asistentas sociales se reconvirtieron en
trabajadoras sociales, apareció la figura del educador social formalmente
reconocido, y mucha de la terminología también se ha modificado: los
minusválidos han desaparecido para ser personas con discapacidad o diversidad
funcional, los hogares del pensionista ahora son centros de participación
activa, etc. Y ni qué decir de la situación social de Andalucía, donde desde
1988 ha crecido la diversidad cultural, han surgido nuevos modelos familiares,
y con la crisis se han acuciado de forma alarmante los desgraciadamente
inherentes problemas de paro y pobreza que nos han caracterizado siempre.
Podríamos tocar las palmas y
bailarnos algunas sevillanas celebrando esta nueva ley, y además así reforzamos
estereotipos negativos, ¿no? Aunque para eso ya tenemos a Canal Sur. Pero no
hay nada que celebrar. De hecho, desde Área de Servicios Sociales de Izquierda
Unida de Andalucía llevamos años intentando evitar que se aprobase un texto
como éste. Es más, el mismo día de su aprobación llevábamos una enmienda a la
totalidad para que se devolviese el texto a la ciudadanía y se modificasen algunos
aspectos que paso a explicar, pero sorprendentemente los demás grupos
parlamentarios nos la votaron en contra, algunos inexplicablemente porque
argumentaron lo mismo que nosotros
El gobierno andaluz lleva meses
vendiendo en la prensa que la nueva ley “blinda derechos”, pero si leemos un
poco más adelante nos encontramos con que la gran mayoría están sujetos a
presupuesto y al traicionero artículo 135 de la constitución modificado por
PSOE y PP. No, un derecho no puede estar a expensas de un presupuesto anual que
si se acaba esa partida ya se deja de prestar. A una familia que necesita
urgentemente cobrar el “salario social”, que por cierto se está cobrando con un
año de retraso, no se le puede decir: mire, que no hay dinero, si viene el año
que viene en febrero quizás… Mientras, agua con azúcar, por no decirle ajo y
agua. Es como si vamos al médico con una brecha en la cabeza y nos dicen: uy,
se acabó el presupuesto para grapas y no nos quedan, póngase cinta aislante y
ya cicatrizará.
Tampoco establece ratios de
usuarios por profesional. ¿Se imaginan una maestra con 100 niños de 5 años en
un aula, cada uno con unas necesidades? Pues en el trabajo social ocurre con
más del triple. Además favorece un modelo de intervención basado en
prestaciones, en “parches”, olvidando la intervención comunitaria y la
prevención de los procesos de exclusión social. La participación de la
ciudadanía brilla por su ausencia cuando se deja fuera de los consejos a las
plataformas, movimientos y organizaciones, aparte de no definir adecuadamente
la coordinación con otros sectores como la sanidad, educación y justicia. ¿Y
los profesionales de la educación social y la psicología? No aparecen en los
equipos de intervención social; dos figuras tan importantes se quedan fuera.
Y la palabra clave de esta ley:
privatización. Deja abierta la puerta a la privatización de servicios sociales
al no regular adecuadamente la iniciativa privada con ánimo de lucro. ¿Me
refiero a esa asociación de padres de personas con discapacidad que se unen para
que sus hijos tengan una mejor atención? ¿O a una cooperativa gerontológica?
Por supuesto que no, sino a esas multinacionales que sólo buscan sacar el
máximo beneficio, por ejemplo, pagando a sus trabajadoras de ayuda a domicilio
3€ la hora (caso real), perjudicando la calidad tanto del empleo como de la
atención. No olvidemos que hablamos de un derecho, y los derechos deben ser
cubiertos por el Estado, que para eso pagamos impuestos; no son gratuitos y
podemos/debemos exigir su cumplimiento con calidad.
En fin, desde Izquierda Unida
vamos a seguir trabajando para modificar esa ley en lo que queda de trámite
parlamentario, para que no te encuentres, por ejemplo, en el centro de
servicios sociales (que por cierto, está en el “edificio moderno” del parque de
la Alquería, aunque no esté señalizado) a una trabajadora social que trabaje
para alguna constructora cuyo nombre no voy a decir, que aparte de construir
carreteras también lleva servicios de ayuda a domicilio, y para mejorar la
atención y evitar situaciones de agresión a profesionales como la que se dio en
la Unidad de Trabajo Social de Ibarburu, por cierto, cerrada desde hace dos
años y medio.
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